En todos los países se va avanzando en políticas que protegen a la infancia. En nuestro entorno se ha aprobado un decreto que regula la Atención Temprana y a contrarreloj. que está en fase de implantación.
El problema reside en cuadrar los siempre limitados presupuestos económicos con los resultados. Hay muchas formas posibles de organizar los recursos educativos y sanitarios, pero podemos resumirlos en: centros públicos, centros concertados y centros privados.
Lamentablemente cada vez más se externalizan las atenciones públicas hacia centros privados que son concertados bajo unos precios y condiciones, con el hándicap de que siendo empresas privadas tienen que dar un servicio público.
Esto conlleva ventajas y desventajas para ambas partes. Los privados al concertar se protegen de la competencia yendo en contra de la libre competencia, pues solamente ellos pueden dar el servicio, y la administración al apretar en los precios y no tener funcionarios y locales que pagar, les sale más barato.
Todo el mundo gana o pierde según su tamaño y circunstancias para ser habilitado como centro privado autorizado. Añadimos facilidad de despido y cierta vigilancia pública.
En mi opinión, debe haber libertad para múltiples formas de atención. La gente que quiera y que pueda costearse un centro privado que tenga esa posibilidad.
Pero hay algo más de fondo y que si queremos garantizar una igualdad social mínima, la Atención Temprana no debería estar mayoritariamente a cargo de empresas privadas o concertadas, ya que estas tienen que conciliar la rentabilidad económica con la prestación pública. Y estamos hablando de la infancia...
Para cualquier
empresa, la supervivencia o el hacer dinero, depende de ajustar
precios y gastos e incluso de seleccionar los clientes más
adecuados, puesto que algunos clientes pueden representar perdidas o
daños a la imagen del negocio.
En la Atención
Temprana dejar la intervención mayoritariamente en un modelo privado
es un error social. El dinero público es limitado, lo costeamos
todos a través de los impuestos que pagamos, y tiene que maximizarse su
inversión. No debería estar encima de la mesa la rentabilidad
económica privada junto a las terapias de los niños y esto es
imposible de solventar para cualquier centro privado.
Hay que tener en
cuenta que si construimos un modelo social y universal gratuito,
entonces no podemos dejar en manos privadas su gestión. Por
experiencia, sé que hay familias que tienen difícil encaje en los
centros privados por múltiples motivos.
Muchos de los que
más necesitan la intervención son las familias que más complicado
tienen que sean mantenidos en el tiempo por el centro privado de
Atención Temprana: porque faltan con frecuencia a las sesiones, no
pagan o se retrasan frecuentemente, porque hacen requerimientos
judiciales a los profesionales ante el juez, porque interponen
denuncias a los centros por cualquier motivo, porque son familias
desestructuradas y en riesgo de exclusión social que poden difícil
la intervención, por actitudes agresivas, por casos de violencia de
género y maltrato, o porque los padres tienen enfermedad mental
grave y desconciertan con sus reacciones a los terapeutas de niños y a otros clientes,
etc. Son portadores de multitud de problemas en los que van enredando a las personas que tratan de ayudarles.
Una red privada de
Atención Temprana puede derivar en que determinados casos pasen de
centro en centro sin recibir una atención adecuada. ¿Quién quiere atender casos que le pueden causar perjuicios con el trabajo que
le da de comer? ¿Quién y cómo va a tratar estos casos desde un
centro privado que necesita unas determinadas horas cumplidas para
alcanzar la rentabilidad? ¿Se implicará o dejará pasar el tiempo?
¿Les derivará a otro centro? ¿Desencadenaremos un efecto bola de
nieve?
Si ha de construirse
una red de Atención Temprana nueva a cargo de los presupuestos del
Estado, esta debe ser pública 100% e incardinada en la Escuela
pública. Tenemos ya los centros escolares, que es donde más tiempo
pasan estos niños y donde los maestros necesitan más ayuda y a
donde cada día acuden los padres y preguntan a los profesores qué
tal van sus hijos. Este es el principal campo de batalla.
¿No es dotar de
Atención Temprana, física y permanente en los colegios, racionalizar
los recursos y hacerlos más eficientes? Centralizar la atención de
los profesionales en la escuela es una forma de disminuir la
fragmentación de los recursos y de las comunicaciones de los
profesionales.
Cuando hablamos de
la Atención a la Infancia no podemos estar hablando de la
rentabilidad de los negocios sino de crear un ecosistema 100% optimizado para todos los ciudadanos, especialmente para aquellos que
por sus circunstancias hacen más difícil que se les ayude por el
conocido “efecto Mateo”, sabemos que los recursos no van a los que más lo necesitan:
Los que mejor
están mejor aprovechan los recursos y obtienen más ayudas y los que peor
están van acumulando fracasos y nuevas dificultades desenganchándose de las ayudas,
perdiendo oportunidades sociales y perpetuando la marginalidad y el
sufrimiento. Estas personas salen
perjudicadas hasta en los diagnósticos psicológicos clínicos.
Un modelo de Atención Temprana realmente público 100% ayuda a disminuir la discriminación pública y los pre-juicios
privados, sino lo que hacemos es institucionalizar las desigualdades
con el perjuicio social futuro, que aumentará la brecha entre la
gente pobre sin oportunidades y la gente que se sitúa por encima del umbral de la
pobreza.
